Contra todos los rumores que hablaban de una supuesta ausencia y nuevo aplazamiento de la formalización de la concejal angolina Bernarda Valenzuela, esta mañana la concejal llegó hasta el Tribunal de Garantía de Angol acompañada de su abogado Leo Fuentes Belmar y sus familiares directos para afrontar el proceso judicial, donde se le comunicó de manera oficial los delitos por los cuales será investigada por el Ministerio Público.
ANTECEDENTES
En la oportunidad, el fiscal Carlos Cornejo Martínez, tras leer algunos antecedentes de la carpeta investigativa, procedió a informar a la edil que sería formalizada por los delitos de apropiación indebida de dinero y estafa en contra de los recursos de los cuatro comités demandantes: Renacer, Quelentaro, Los Poetas y Willimapu, defraudación que habría ocurrido entre los años 2017 y 2018.
Tras la entrega de antecedentes por parte del Ministerio Público, éste solicitó un plazo de tres meses para investigar y prisión preventiva para la imputada, aludiendo a que el delito cometido de estafa y apropiación indebida había sido de manera reiterativa y había afectado a personas de un alto grado de vulnerabilidad social.
CAUTELARES
Tras esta solicitud, el magistrado Daniel Riquelme, accedió a otorgar los tres meses solicitados, pero rechazó la petición de prisión preventiva, aludiendo que en el peor de los casos al ser condenada por ambos delitos la imputada arriesgaría una condena que no sería superior a cinco años y un día, por lo que otorgar prisión preventiva como medida cautelar resulta desproporcionada y exagerada.
Finalmente, el tribunal resolvió que Bernarda Valenzuela quedaría con las cautelares de prohibición de salir del país y firma quincenal en carabineros, pudiendo además con esto proseguir ejerciendo su cargo como concejal de la comuna de Angol.
FISCAL
Carlos Cornejo, fiscal del caso manifestó que “se logró describir cuales fueron los hechos por los cuales se le atribuyen responsabilidad y que constituyen los delitos de apropiación indebida y estafa”.
El fiscal además informó que los montos que se han logrado acreditar en la investigación son del orden de los 29 millones de pesos y el número de afectados asciende a las 230 personas aproximadamente.
Cornejo además informó que existe la posibilidad además, en caso de llegar a acuerdo, de optar por una salida alternativa, aunque de acuerdo a como se ha presentado el caso, todo indicaría que se llegaría a un juicio oral, el que debería iniciarse dentro del primer semestre del 2020.
DIRIGENTES
Por su parte, Hugo César González Castillo, presidente del comité Renacer, manifestó que para ellos esta formalización es un avance y aseguran ir por buen pie. Si bien nosotros creemos que los montos involucrados son mayores a 40 millones de pesos, ya que se reconozcan 29 millones es algo y esto está recién comenzando”, explicó.
De igual forma, el dirigente afirmó que dentro de lo que ellos persiguen, si bien están claros que no van a lograr cárcel para ella ni menos la recuperación de los recursos, esperan que la justicia la prive de volver a ejercer un cargo público, como el que ostenta hasta ahora.
Por Rodrigo Zurita.