Infructuosa ha sido hasta el momento la búsqueda policial del alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao. Este viernes debía comenzar a cumplir la medida de prisión preventiva en la Cárcel de Traiguén, después de ser acusado de una serie de delitos sexuales contra mujeres.
Ese día, el fiscal del Ministerio Público de Los Ángeles, Gonzalo Martínez, formalizó la investigación contra el jefe comunal por delitos reiterados de abuso sexual y violación que afectaron a cinco víctimas, además de un caso de aborto en relación con una de ellas.
La audiencia se llevó a cabo en línea en el Juzgado de Garantía de Cañete, tribunal en el que se presentaron todas las denuncias contra el imputado por los hechos ilícitos cometidos entre 2006 y 2020 en diversas comunas del país, incluyendo Tirúa, Lebu, Contulmo, Renaico, Angol, Alto Bío Bío, Santiago y Negrete.
Al fiscal Gonzalo Martínez, de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía de Los Ángeles, se le asignaron todas las causas agrupadas para investigar a Reinao.
Durante su exposición, el fiscal Martínez describió que dos de las mujeres afectadas eran menores de edad en el momento de los delitos.
Además, explicó que Juan Carlos Reinao abusó de su cargo de autoridad para cometer estos ultrajes, ya que tres de las víctimas eran subordinadas del alcalde, lo que revela una asimetría que el imputado utilizó para llevar a cabo los delitos.
El fiscal también destacó que en el caso de las menores de edad, estaban en una situación de vulnerabilidad y que el alcalde les había hecho propuestas de becas de estudio.
En su argumentación, el fiscal Martínez enfatizó la importancia de analizar los antecedentes recopilados en la investigación desde una perspectiva de género, considerando el contexto en el que se cometieron los delitos y las situaciones específicas en las que se encontraban las víctimas.
PRÓFUGO
El Juzgado de Garantía determinó que el imputado tenía un plazo de dos horas para presentarse en la unidad penal de Traiguén después de la audiencia del viernes, pero no se presentó. Por lo tanto, la PDI y Carabineros tienen una orden de arresto en su contra debido a su incumplimiento de la resolución del Juzgado de Garantía de Cañete.
Desde la clandestinidad, el alcalde de Renaico se comunicó con Radio Bio Bio para emitir un comunicado en el que afirmó que todas las acusaciones tenían motivaciones políticas debido a su condición de mapuche. Dijo: “No se acompaña ninguna prueba en mi contra. Se repiten historias antiguas a las que nunca consideré necesario prestar atención. Incluso algunas de ellas están archivadas y ni siquiera fueron presentadas por el fiscal”.
Además, señaló que la acusación más grave provenía de una mujer que afirmaba haber sido violada en un día en que él estaba fuera de la región, dando una charla pública, y que había múltiples pruebas (fotos, etc.) que respaldaban su coartada. Añadió que la denunciante, siendo menor de edad en ese momento, mantenía una relación de convivencia con un profesor que fue denunciado por estupro, según consta en el expediente.
Con respecto a las demás acusaciones, afirmó que no existía ninguna prueba. A lo largo de sus 11 años como alcalde, había sido objeto de numerosos rumores y acusaciones, y si tuviera que ocuparse de todos ellos, no podría desempeñar sus funciones. Incluso mencionó que supuestos intentos de desconocidos de atentar contra su vida no lo habían detenido.
Reinao afirmó que la justicia se basaba en prejuicios debido a su género, su origen mapuche, su estado civil, su origen en una familia de bajos recursos, su independencia política y su elección con amplias mayorías. Lo consideró una forma de linchamiento mediático que podía llevarse a cabo sin consecuencias por parte de grupos poderosos de la sociedad.
Por otro lado, el abogado de las víctimas advirtió que tenía información que indicaba que el alcalde podría intentar huir de Chile con la ayuda de un círculo de protección y denunció haber sido objeto de amenazas por parte de personas cercanas a Reinao.