Claudia Lillo Echeverría, directora de la Multigremial de La Araucanía, estima que hay una la necesidad urgente de implementar medidas que garanticen resultados efectivos y plazos concretos. En éste sentido, comentó: “Consideramos que se pueden disminuir los plazos de manera contundente, y debe existir consecuencias respecto al incumplimiento de estos. No solo debe ser una promesa de mejoramiento, sino que dar mayor certeza de que efectivamente se va a producir mediante obligaciones perentorias, una mayor simplificación y desburocratización de todo el proceso de aprobación, incluyendo la eliminación de trámites de escaso aporte”.
Hay un proyecto de ley impulsado por el Gobierno, relativo a establecer una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introducir modificaciones en cuerpos legales que se indican. En la Multigremial de La Araucanía, sin embargo, evalúan que no es suficiente y se requiere repensar protocolos, resultando preocupante la agilidad de su tramitación en el Congreso y la coordinación entre ministerios y servicios.
En dicho organismo gremial dieron a conocer también que, debido a la demora en la aprobación de iniciativas y de obras, en la Región de La Araucanía se vive una crisis económica, donde se consideran trabas burocráticas y consultas que en la Multigremial estiman como “arbitrarias” muchas de ellas asociadas al Convenio 169 de la OIT.
Según un análisis generado en la Multigremial de La Araucanía, durante los últimos 11 años en la región de La Araucanía se ha dejado de recibir aproximadamente 4,343 millones de dólares, a causa de inversiones no aprobadas, afectando severamente la inversión y perdiéndose casi 9 mil puestos de trabajo.
En este contexto, la región de La Araucanía enfrenta una crisis económica, en parte atribuida a las demoras en la tramitación de permisos para proyectos en diversas áreas durante la última década.
En opinión de Claudia Lillo Echeverría, directora de la Multigremial de La Araucanía: “En el caso de La Araucanía, llama la atención que se ingresaron 63 proyectos, y 52 fueron rechazados, es decir, el 83% de las iniciativas no se concretan por burocracia, lo que da cuenta que no hay estímulo a innovación, a la productividad y al desarrollo, no existe prioridad en las inversiones y desarrollo de la región”
Se pone en consideración que el encabezado por Gabriel Boric, es uno de los gobiernos donde menos proyectos se han ingresado al sistema, siendo 63 los registrados, 11 aprobados, y 52 rechazados, es decir, el 83% de los proyectos no se pueden ejecutar.
RESIDUOS Y FRUTALES
Según comentan en la Multigremial, entre los proyectos rechazados destacan dos que aportaban mejoras productivas e innovación ambiental: La construcción de una red de embalses en la zona de la provincia de Malleco que regaba sectores de reconversión a frutales, proyecto de largo plazo impulsado por empresas filiales de Agrícola Sutil. Cada embalse tiene un costo de 1,2 millones USD, perdiéndose una inversión de 22 millones de USD en la comuna de Galvarino, una de las más pobres de la región y de Chile.
Se presentó también el proyecto Waste to Energy (WTE) , consistente en gestionar tecnología avanzada para convertir residuos no reciclables en energía, con una inversión de 120 millones USD, una solución innovadora que busca reducir la dependencia de vertederos, desplazamientos ineficientes y reemplazar tecnologías obsoletas en la gestión de residuos.
“Llama la atención que una de las regiones más pobres del país, La Araucanía, no priorice en inversiones tan significativas, que se hacen cargo de dos problemas relevantes como son la falta de agua y el tratamiento de residuos, sino que las rechaza, como es el caso de WTE, temas que desincentiva a los inversionistas tanto locales como extranjeros”, dijo Claudia Lillo Echeverría.
Cabe destacar que el año 2024 marca un hito negativo al convertirse en el primer año que no tiene aprobaciones en el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile en más de una década, según destacaron en la referida multigremial.