Buscan esclarecer responsabilidades por dineros aun no transferidos a organizaciones que se adjudicaron FNDR concursable

Acusan que miles de organizaciones en la región no han recibido sus recursos, ya el presupuesto 2024 está cerrado.

Una solicitud se ha ingresado ante la Contraloría General de la República para abrir un procedimiento de fiscalización a la totalidad de los más de 9 mil millones de pesos que aún no son transferidos a cerca de 2 mil organizaciones de la región de La Araucanía que postularon y se adjudicaron el 8% del FNDR concursable el año 2024.

Dicho ingreso de solicitud fue gestionado por Miguel Santana, concejal de la comuna de Padre Las Casas, junto al ex consejero regional Daniel Sandoval.

Tanto el concejal como el ex Core coincidieron en explicar que, debido a varias denuncias que se han formulado, buscan esclarecer responsabilidades administrativas correspondientes, ya sean del Gobierno Regional o de Ministerio de Hacienda.

La idea es disponer de un procedimiento de fiscalización a la totalidad de los fondos asignados año 2024 correspondientes al Concurso 8% Vinculación con la comunidad Privados y Municipal del Gobierno Regional. Esto, de acuerdo a lo que explicaron Santana y Sandoval, ante la excesiva demora en su ejecución administrativa y financiera en la entrega de los recursos a los beneficiarios los cuales no pudieron realizar sus actividades el año 2024.

“Hemos recurrido a la Contraloría -dijo el concejal- para que se revise el acuerdo N°1277 del pleno del Consejo Regional, el cual aprobó el listado de proyectos a financiar con recursos del concurso vinculación con la comunidad 8%, instituciones privadas año 2024, emanado por el mensaje n°153 del pasado Gobernador Regional de La Araucanía”.

En opinión del concejal padrelascasino y del ex consejero regional: “Hoy, miles de organizaciones en la región no han recibido sus recursos, ya el presupuesto 2024 está cerrado. Por lo tanto se deben determinar las responsabilidades de esta situación heredada por la administración anterior. Las organizaciones sociales quedaron sin ejecución de diversas actividades culturales, deportivas, ambientales, de seguridad, prevención, atención a la infancia y al adulto mayor, entre otras”.

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