Algunas de las dificultades para implementar la “Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión en Incendios Forestales 2023-2024” fueron la falta de diagnóstico para determinar los compromisos previstos y deficiencias en el seguimiento de su cumplimiento.
Tal fue uno de los hallazgos del informe N° 446 de 2024 de la Contraloría General de la República (CGR), que analizó el grado de cumplimiento de las actividades comprometidas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) en la mencionada estrategia.
En julio de 2023 se convocó una mesa de trabajo y coordinación para el análisis de las condiciones de peligro o vulnerabilidad de la temporada de incendios forestales 2023-2024, en la que participaron el SENAPRED, el Estado Mayor Conjunto, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI), la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la Dirección Meteorológica de Chile, los ministerios de Obras Públicas, Salud y Agricultura, la Subsecretaría del Interior, Bomberos de Chile, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Corporación Chilena de la Madera (CORMA).
En la CGR también evaluaron que la planificación de la Estrategia no contó con un levantamiento de información que permitiera definir los recursos, funciones y competencias de las instituciones participantes, tanto a nivel nacional como regional, de manera que cada una cumpliera con las labores asignadas. Esto era necesario para identificar con antelación los factores que pudieran afectar su implementación y ejecución, así como el logro de los impactos deseados.
De esta forma, en las 13 regiones de Chile que participan en la Estrategia se detectó falta de recursos humanos, financieros y capacidades de las organizaciones involucradas para realizar las tareas encomendadas.
De hecho, el mismo SENAPRED, debido a dificultades técnicas y de recursos, no pudo cumplir con la ejecución de ciertos compromisos, como por ejemplo, un “Protocolo que aborde actuación conjunta antes y durante, que establezca priorización territorial, criterios de actuación y definición de responsabilidades institucionales” y los “Planes institucionales de continuidad de operaciones”.
CGR evaluó que en Bomberos de Chile tampoco se ejecutó el “Plan Operativo Brigadas de Bomberos”, y en CONAF no se implementó ni operó los “Patrullajes aéreos, especialmente en áreas donde se advierte la posibilidad de realizar rescates de personas que resulten aisladas por la acción del fuego y cuya permanencia implique un riesgo para su integridad física” ni el “Plan Operativo Brigadas Combate Nocturno”. Ambas instituciones argumentaron que dichas tareas no correspondían a su labor.
Si bien en la Estrategia se estableció el seguimiento de los productos, función a cargo del SENAPRED, no se definieron actividades, parámetros, modalidades de entrega ni etapas de retroalimentación para llevarla a cabo. Tampoco se consideraron otros aspectos mediante los cuales el servicio pudiera advertir alcances sobre la calidad e integridad de la información aportada. De esta forma, pese a que el servicio ejecutó el seguimiento conforme a sus recursos disponibles, no se verificó el cumplimiento de parámetros mínimos en su elaboración y contenido.
Además, según la CGR, la Estrategia tampoco consideró la disponibilidad de recursos del SENAPRED para desarrollar dicho monitoreo ni sus atribuciones para exigir a las entidades participantes el acatamiento de su ejecución. Tampoco se evidenció que dicho servicio planteara estas carencias a sus autoridades superiores o en las sesiones de la “mesa técnica nacional de incendios forestales” en las que participó.
Lo anterior conlleva el riesgo de que los productos no se realicen o que sus resultados no se ajusten a su finalidad, afectando su objetivo final de fortalecer la gestión para enfrentar incendios forestales.
DEFICIENCIAS EN RESPONSABILIDADES DE SENAPRED
Se comprobaron deficiencias en la acreditación de productos que, si bien debían ser ejecutados por otras reparticiones, eran de responsabilidad del SENAPRED garantizar su cumplimiento.
Por ejemplo, se advirtió el incumplimiento de patrullajes preventivos terrestres y aéreos estratégicos en las regiones del Libertador Bernardo O’Higgins, Metropolitana y de Valparaíso; el levantamiento incompleto de los recursos profesionales, técnicos, materiales, maquinarias, aéreos y aeroportuarios de organismos de primera respuesta y de los consolidados regionales; y la falta de elaboración del protocolo o guía operativa para fortalecer la coordinación interinstitucional en la búsqueda de personas desaparecidas, hallazgo de cadáveres, rescate y recuperación de víctimas.
Durante la investigacion de CGR, también se consultó a todos los municipios del país sobre el estado de sus instrumentos de gestión del riesgo de desastres comunales, como el Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres (PRRD) y el Plan Comunal de Emergencia (PCE).
QUE PASA EN LOS MUNICIPIOS
Se determinó que, al 12 de julio de 2024, 69 entidades edilicias contaban con su PRRD, 141 lo estaban elaborando, siete no lo habían confeccionado (Municipalidad de Canela, Municipalidad de Isla de Pascua, Municipalidad de Lo Espejo, Municipalidad de Vitacura, Municipalidad de Santa Bárbara, Municipalidad de Cochamó y Municipalidad de San Pablo), mientras que los 126 restantes no dieron respuesta a la solicitud de información.
En tanto, a la misma fecha, 243 municipios contaban con PCE aprobados, 59 los estaban confeccionando, dos no lo tenían (Municipalidad de Isla de Pascua y Municipalidad de Calbuco), y otros 49 no contestaron el requerimiento.
Al respecto, el SENAPRED informó que, de acuerdo con sus registros, al 25 de octubre del año pasado, 260 municipios contaban con PCE y 83 con PRRD que cumplían con los requisitos establecidos en la normativa.