El terrorismo conmueve a la opinión pública preocupada por la seguridad ciudadana, en la medida en que se informan, a través de los medios de comunicación, los resultados y especialmente las imágenes de escenas violentas, como resultado del uso de armas de fuego y/o elementos incendiarios o explosivos sobre una o varias personas y/o instalaciones, generalmente atacadas de manera sorpresiva y traicionera y con planificación previa, para conducir sus vidas (valga la redundancia) mediante el terror, por parte de determinados individuos.
Nuestro país no es ajeno a esa realidad que, como se ve constantemente en las noticias internacionales, puede vivirse con mayor gravedad en otras naciones. En la necesidad de proteger a la ciudadanía de las consecuencias del terrorismo, el 4 de febrero de 2025 el Gobierno promulgó una nueva Ley Antiterrorista, con la idea de combatir al crimen organizado con optimizadas herramientas policiales.
Esta ley, según se ha informado en el Senado mediante el Boletín N° 16.224-25 que determina conductas terroristas y fija su penalidad, se inicia con un proyecto iniciado en moción de las senadoras Vodanovic y Aravena y los senadores Bianchi, Macaya y Ossandón, que deroga la ley N° 18.314 y establece una nueva legislación contra el terrorismo.
MACROZONA SUR
Al respecto, comentó la senadora Carmen Gloria Aravena “luego de haber impulsado durante todo el año 2024 la tramitación de la Ley Antiterrorista, como coautora de la misma, sin duda que valoramos la puesta en vigencia de este nuevo cuerpo legal, que representa un gran avance para enfrentar los hechos de violencia y terrorismo, que ha cobrado vidas y ha destruido la fuente de ingresos a cientos de familias y emprendedores de la Macrozona sur”
Agregó la senadora Aravena: “Se pone fin a la ineficiencia de la ley que regía desde 1984 y cuyo estándar probatorio hacía prácticamente imposible obtener condenas significativas para quienes cometían actos terroristas. A partir de ahora, le otorgamos a la Fiscalía y al Poder Judicial las herramientas para castigar como en derecho corresponde a los grupos radicalizados que queman maquinaria, destruyen iglesias e infunden temor”.
El nuevo cuerpo legal, en opinión de la referida senadora por la Circunscripción 11, Región de La Araucanía: “Permite el uso de herramientas investigativas clave, como la intervención de comunicaciones, indispensables para infiltrarse en estas orgánicas y anticiparse a sus atentados”
“Para quienes vivimos en La Araucanía -dijo la senadora- esta ley significa una esperanza para recuperar la paz entre quienes por más de 20 años han sido objetivos permanentes de los terroristas”.
Las legislaciones de España, Alemania y Estados Unidos, países donde se cuenta con amplia experiencia en el manejo, en seguridad y en legislación, de los hechos catalogados como terrorismo, se usaron como referencia para la creación de la nueva Ley Anterrorista en Chile.
Además, durante su proceso de desarrollo legislativo en el Congreso, se analizó el tema de que se va a entender por asociación terrorista toda organización de personas, con acción sostenida en el tiempo, formada para cometer los delitos que se indican a continuación y que tuviere entre sus fines socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado.
Especialmente se revisó el tema de inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica a que se refiere el artículo 32, número 21°, de la Constitución Política de la República, cuando su inhabilitación pueda producir pérdida de vidas o daños a la integridad física o salud de la población; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado ; o bien cuando por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tuvieren la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y CUESTION DE DÉFICITS
Cabe destacar que lo referente a la Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las conductas terroristas, se hará exigible una vez que el Ministerio de Seguridad Pública se encuentre en funcionamiento, ministerio cuya ley es la 21730 y fue promulgada el 27 de enero de 2025
En el marco de la promulgación de la nueva Ley Antiterrorista, el diputado por el distrito: Nº 23 de La Araucanía Andrés Jouannet, en su calidad de miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, estima que se trata de una buena Ley, “que permitirá a Chile dar un salto importante contra el crimen organizado, sin embargo dijo que el Estado necesita implementar urgente, diferentes acciones para que las medidas de seguridad sean eficaces y exitosas, en cada una de las regiones del país”.
Jouannet explicó en éste sentido: “Hay cuatro líneas de acción prioritarias de trabajar y que dicen relación con el resguardo de fronteras, el aumento de la dotación de agentes de seguridad, la construcción de cárceles y la intervención social en los barrios. Tenemos algunos déficits que recuperar, por ejemplo, de agentes especializados. Hoy día tenemos pocos Carabineros, tenemos un déficit de 35.000 Carabineros, vale decir, un 40%, según la OCDE. Tenemos un déficit de PDI, tenemos un déficit de cárceles, tenemos un déficit de gendarmes”.
“Según el King´s College, en Chile se lavan entre 8.000 a 15.000 millones de dólares al año -declaró el diputado por el distrito: Nº 23 de La Araucanía, agregando- O sea, estamos hablando de que aquí el crimen organizado es muy sofisticado. Segundo, por Chile pasa el 30% de la droga que llega a Europa. O sea, estamos todavía muy lejos de poder controlar el tema de la seguridad. Las leyes sirven, pero requerimos más agentes especializados”.
Considerando a la nueva Ley Antiterrorista como fruto de un trabajo legislativo que busca la justicia, la seguridad y la paz para cada familia de la Región de La Araucanía y del país, el diputado Jouannet continuó analizando: “Hoy día no hay control aduanero, hoy día no hay control de lo que entra y sale de éste país. Por otra parte, necesitamos más cárceles, necesitamos, a lo menos, cuatro cárceles de máxima y alta seguridad y, a lo menos, unas ocho cárceles de mediana complejidad. Y hay que empezar a construirlas rápido. Y la tercera bala de plata tiene que ver con tener más agentes de seguridad. Pero la cuarta, que es muy importante, nosotros tenemos que empezar a intervenir las poblaciones, intervenir las familias, darle más oportunidad a los jóvenes, ayudar a que las familias salgan de este flagelo, trabajar en las poblaciones para, en definitiva, enfrentar el crimen organizado”.
FUERZA DEL ESTADO
“Es una herramienta que permitirá enfrentar los delitos con toda la fuerza del Estado”. Así comentó Henry Leal, diputado por el Distrito 23 de la Región de La Araucanía, la aprobación de nueva Ley Antiterrorista en Chile.
Según explicó, dicha iniciativa forma parte de la primera Agenda de Seguridad que el Congreso Nacional acordó tramitar con el Ejecutivo el año pasado, como una manera de dar respuesta a la grave crisis delictual por la que actualmente atraviesa todo Chile.
Leal explicó que la nueva Ley servirá además para endurecer las sanciones contra los delitos de esta naturaleza, sancionando, por ejemplo, la asociación terrorista con una pena de presidio mayor en su grado mínimo, aumentando sus grados cuando los participantes se dediquen a reclutar a nuevos miembros o a entregar un entrenamiento militar
El diputado Henry Leal destacó que la nueva ley también entregará mayores facultades a la Fiscalía y a las policías para poder perseguir a los autores, como incorporar medidas de intercepción de comunicaciones y permitir que algunas causas los vean otros tribunales.
En su opinión: “Nuestro país necesitaba contar con una legislación acorde a la grave situación que históricamente se ha producido en nuestra región y en la Macrozona Sur. Los delitos con características terroristas, como son los que habitualmente cometen algunas organizaciones aquí en el sur, requieren ser investigados y perseguidos como tal, no como un delito común. Por eso era tan importante aprobar éste proyecto, porque el combate del terrorismo se tiene que dar con todas las herramientas que otorga el Estado de Derecho, sin titubear”.
En cuanto a los detalles de la nueva normativa, el diputado Leal precisó que se entenderá como organización terrorista aquella que esté integrada por tres o más personas, que cometan acciones sostenidas en el tiempo para socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático. Asimismo, se comprenderá como acto terrorista cuando se busque “imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado” o bien “someter o desmoralizar a la población civil o una parte de ella”, fijando penas que incluso pueden llegar al presidio perpetuo cuando haya víctimas de por medio, como ya ha ocurrido.
INVESTIGACION JUDICIAL
Sobre los aspectos judiciales de la nueva ley que ayudará a enfrentar el terrorismo en Chile, se informó que el Ministerio Público o la defensa del imputado, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrán solicitar, una vez formalizada la investigación y hasta antes del término de la audiencia de preparación del juicio oral, al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno establecido.
Sobre las medidas de interceptación de comunicaciones se dispone que en la investigación de los delitos terroristas, de asociación ilícita, de ley de control de armas y ley de drogas, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares, con el objeto de determinar, registrar y monitorear:
- a) La dirección IP; los identificadores MSISDN, SIM, IMEI, IMSI; u otros metadatos que permitan singularizar o identificar uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones o sus componentes o aplicaciones en uso.
- b) La georreferenciación o localización de uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones.
Asimismo, se señala que la orden solo podrá concederse cuando existan sospechas fundadas y basadas en hechos determinado y que los registros obtenidos por la aplicación de esta medida que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación de los hechos de que se trate deberán ser eliminados de todo registro, base de datos o dispositivo electrónico en un plazo determinado.
Además, la medida no podrá autorizarse por más de treinta días, prorrogables por períodos de hasta igual duración, siempre que se mantenga la concurrencia de los requisitos previstos, lo que deberá ser examinado por el juez en cada oportunidad.
El Fiscal Nacional dispondrá mediante instrucción general, los procedimientos de almacenamiento, conservación y destrucción segura de los registros obtenidos, así como del uso y manipulación de los mismos, y en el mes de marzo de cada año, enviará a la Comisión de Seguridad Pública del Senado y la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados la información anual, desagregada por fiscalía regional, de la cantidad de solicitudes de intervención de redes presentadas por el Ministerio Público, el número de aceptadas y de rechazadas.
Si le interesa el tema, obtenga mayor información sobre la Nueva Ley Antiterrorista de Chile