La medida había sido propuesta tras el fin del estado de excepción constitucional de catástrofe y en cuyo marco el Ejército realizó labores de capacitación y colaboración con las policías en tales zonas.
El decreto, firmado por el Presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el ministro (s) de Defensa, Cristián de la Maza, autorizaba la colaboración de las Fuerzas Armadas para apoyar a las autoridades civiles y policiales respecto de actos “que se vinculen con la prevención del porte, la tenencia y el tráfico ilícitos de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo” en la denominada Macrozona Sur donde se concentran los continuos ataques de violentistas.
La Contraloría le contestó al Ejecutivo que “de acuerdo a la Constitución Política de la República, dichas labores están a cargo exclusivamente de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. En virtud de tal disposición, no es posible autorizar mediante un decreto labores de prevención y control de orden público a las Fuerzas Armadas, existiendo otras vías institucionales para dicho objetivo”.
El decreto establecía que las Fuerzas Armadas “no podrán intervenir en procedimientos operativos que impliquen ejercer funciones que competen privativamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o a otras entidades, como el Poder Judicial y Ministerio Público”.
Para concretar la media, el Ministerio del Interior en coordinación con Defensa decidirían los “objetivos estratégicos” de la misma, junto con evaluar la forma en que las policías emplearían tal colaboración.
Por último, se delegaba en el ministro de Defensa los decretos que ordenaran el despliegue de las unidades de las FF.AA., de acuerdo a lo convenido con el ministro del Interior. En esta línea, el titular de Defensa podría nombrar mandos militares que asumieran el “control operacional” de las unidades, el que tendría vigencia durante un año desde la publicación en el Diario Oficial del decreto.