Escribe: Fabiola Haro, psicóloga y magister en Psicología Jurídica y Forense. Coordinadora del Centro Atención Psicológica UST Temuco.
De acuerdo a los datos aportados por la OMS en el año 2016, a nivel mundial 1 de cada 10 personas mayores ha sufrido algún tipo de abuso, maltrato o abandono, ya sea físico, financiero o emocional. Siendo los malos tratos mucho más frecuentes de lo que se ha reconocido, tanto en el grupo familiar como en las instituciones, esta realidad se torna insostenible, sobre todo si enfrentamos el actual envejecimiento demográfico.
La Asamblea General de las Naciones Unidas haciéndose parte de esta grave situación mundial, desde el 15 de junio del año 2012 conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, recordándonos que una sociedad desarrollada sólo puede merecer dicha condición si conserva la tradición y el respeto hacia las personas mayores, no permitiendo los malos tratos, ni la invisibilización de la violencia.
Tanto como sociedad civil, como el Estado y sus gobernantes, debemos de una vez por todas asumir la responsabilidad de saldar la deuda que hoy tenemos con las personas que han construido nuestro país y han formado parte de nuestra historia, por lo que urge aplicar estrategias de prevención más eficaces, leyes y políticas públicas más rigurosas, a fin de atender todos los aspectos del maltrato a las personas mayores.
Debemos recordar que las personas mayores son tan iguales en derechos que cualquier otro ser humano, simplemente por el hecho de ser personas, aunque socialmente hayan sido postergados, estigmatizados vulnerados e invisibilizadas.
Urge tomar consciencia de que como profesionales y formadores tenemos una gran responsabilidad, en la comprensión de las dinámicas sociales que mantienen y perpetúan estos malos tratos. Es así que debemos trabajar por el desarrollo de más espacios de compartir a nivel intergeneracional para generar un encuentro que nos permita construir un entorno de mejores condiciones de vida para las personas mayores, a fin de que puedan continuar brindando lo mejor de sí a nuestra sociedad.
En lo particular he tenido la posibilidad de observar y de aprender mucho del trabajo que realizan las personas mayores, quienes no han bajado los brazos en su lucha, y lo he visto a través de sus agrupaciones, uniones comunales, mesa de defensa por los derechos de las personas mayores, agrupación de Parkinson, entre muchas otras formas de agruparse que ellos han generado para abrirse camino.
Sin duda, esto debería alentarnos como sociedad a tomar un rol más activo en la construcción del presente y del futuro que queremos como ciudadanos (todos vamos envejeciendo). Debería alentar a nuestros gobernantes a prestar mayor atención a las políticas públicas, con enfoque de derecho, y a las acciones necesarias para asegurar y garantizar el respeto de la dignidad de todas las personas mayores de nuestro país.
Es urgente erradicar la pobreza entre las personas mayores, en particular las mujeres; asegurar la existencia de condiciones que permitan a las familias y comunidades proporcionar cuidados y protección a las personas a medida que envejecen para mantener su situación de funcionalidad y reducir la mortalidad. Es importante igualmente reforzar los recursos económicos materiales y personales para garantizar el buen trato, a través de la instauración de mecanismos institucionales (urge un ministerio para las personas mayores). Asimismo, se hace necesario ampliar insumos en la investigación, para favorecer la formación de los profesionales en el ámbito gerontológico, para de esta manera garantizar una respuesta a las reales necesidades de las personas mayores.
Con todo lo anterior se hace sumamente relevante generar acciones participativas a fin de elaborar políticas nacionales efectivas que sean responsabilidad de todos, desde la perspectiva de las personas mayores, incorporando como prioridad sus principales preocupaciones y teniendo en cuenta los aspectos psicológicos y físicos del envejecimiento y las necesidades especiales de las mujeres de edad, personas con discapacidad y pueblos originarios.
De esta manera garantizaremos que las personas mayores posean las herramientas necesarias para exigir sus garantías de modo que puedan participar de manera cabal y justa en la sociedad, y disfrutar plenamente de todos los derechos humanos.